El sector privado pretende modificar el porcentaje y forma de repartir las utilidades (PTU) que las empresas otorgan a sus trabajadores, señalaron expertos. Como parte de la discusión sobre la reforma al outsourcing, el sector privado aprovechará para llevar a la mesa de Parlamento Abierto del Congreso el tema del PTU, para vincularla principalmente a la productividad de los trabajadores y las empresas. “Es una prestación que hoy se paga solamente en función de la permanencia del trabajo y el sueldo que se gana”, afirmó Jorge Sales, socio fundador del despacho Sales Boyoli.

Empresas medianas y pequeñas —algunas en el sector financiero— han optado por establecer contratos individuales con sus trabajadores para inhibir la sindicalización, pero eso no elimina el riesgo de que sean emplazadas a huelga, pues los trabajadores pueden pedir en cualquier momento que se haga efectivo su derecho a la contratación colectiva, tal como lo establece la reforma laboral de mayo del año pasado. Durante la conferencia “Revolución Laboral ¿Época de cambio o cambios de época?”, el abogado laboral Jorge Sales Boyoli expuso que vienen retos importantes para las empresas, no sólo porque habrá nuevas reglas en la parte de las relaciones laborales; sino porque hay un nuevo enfoque con el T-MEC en materia laboral, a lo que se suma la nueva regulación que buscan hacer legisladores a la subcontratación.

El sector privado pretende modificar el porcentaje y forma de repartir las utilidades (PTU) que las empresas otorgan a sus trabajadores. “El outsourcing legal tiene una razón de ser y (una de las causas de su revisión) es por una prestación (que no se otorga en la subcontratación) que es anacrónica, obsoleta y que incentiva la improductividad, que incentiva un desempeño no productivo y es el reparto de utilidades. “Es una prestación que hoy se paga solamente en función de la permanencia del trabajo y el sueldo que se gana”, afirmó Jorge Sales, socio fundador del despacho Sales Boyoli. Jorge Sales explicó que hay diversas propuestas para modificar el reparto de esta prestación, sobre todo vinculándola a la productividad de las empresas.

Jorge Sales, socio fundador del bufete Sales Boyoli, comentó que hay inquietud por parte del sector empresarial debido a la tendencia a criminalizar que muestra el Gobierno, de tal forma que el sector empresarial mira con cautela este tipo de soluciones que calificó de radicales. «Inquieta porque se pueden cometer injusticias en el camino. La preocupación que hay es que tal parece que la única salida que el Gobierno está encontrando para sancionar conductas reprobables es criminalizándolas», consideró.

Luego de que el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, solicitó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la toma de nota del directorio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, el dirigente electo de este gremio, Hugo Alfredo Alonso Ortiz, anunció una movilización masiva en las próximas horas. Sin precisar día y hora de la manifestación, en la que espera participen la mayoría de los 105 mil 714 trabajadores de base de dicho sindicato,

Durante la Asamblea Nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana para analizar la “viabilidad de Telmex”, los trabajadores decidieron emitir una nueva prórroga de huelga, programada para el 25 de abril, hasta lograr un acuerdo con la empresa Teléfonos de México, en tanto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, admitió que, ante una división funcional de la empresa, debe mantenerse un mismo contrato colectivo de trabajo con la misma organización sindical. Francisco Hernández Juárez, líder sindical de los telefonistas hasta este 2020, sostuvo que, dado que el IFT se pronunció por llevar adelante una división, para los trabajadores es fundamental mantener aspectos como la totalidad del contrato colectivo de trabajo; evitar cambios en el esquema de pensiones para trabajadores activos, jubilados y de nuevo ingreso; lograr que le sean autorizados nuevos servicios, y mantener la empresa como una sola.

El capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hace patente la eliminación de la explotación infantil y el cuidado del trabajador que podría desatar paneles sobre las condiciones de los jornaleros agrícolas, advirtieron especialistas del sector. Este capítulo señala, por ejemplo, que todos los jornaleros de zonas hortofrutícolas deben tener sindicatos y salarios adecuados. Si no se cumple con las especificaciones se pueden crear paneles y tomar medidas para que no impongan arancel, como con el tomate, dijo Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

La reforma laboral requiere de mayor compromiso de los estados en su implementación, indicó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, quien informó que sólo 21 entidades federativas enviaron la información solicitada para el diagnóstico de seguimiento de los trabajos a nivel local. Estado de México, Hidalgo y Zacatecas reportan mayor avance. En tanto Baja California, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora, tienen el menor, por lo que se acordó realizar un exhorto a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para solicitar su acompañamiento, manifestó la titular de la STPS.c

Para dar paso a la nueva reforma laboral, que arranca en octubre de 2020, algunos estados tendrán que gastar en dos sistemas de justicia laboral. La razón, es el rezago de juicios sin resolver tanto en el ámbito local como federal, que podrían tardar hasta 8 años en resolverse, por lo que algunas entidades tendrán que destinar presupuesto y personal para sostener por varios años a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje a punto de extinguirse y los nacientes centros de conciliación y los Tribunales. Según los planes de trabajo de las Juntas Locales, se considera asuntos en rezago aquellas demandas laborales que se presentaron antes del 2018.

De acuerdo con el abogado Rodolfo Martínez, muchos de los derechos adquiridos por los servidores públicos, que ya tenían suspensiones definitivas respecto de la afectación que les hacía la anterior ley, la Ley Federal de Remuneraciones, aprobada desde noviembre del 2018, tuvieron que volverse a amparar. “Esto porque lo ganado en la defensa de los derechos durante el año pasado volvió a afectarse en la Ley de Austeridad Republicana”. El experto explicó que, “en las cuestiones específicas como el tema del servicio médico, seguros de separación y de vida y cajas de ahorro (de los servidores públicos), debieron hacer una adición a la Ley Federal de Remuneraciones”.


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