El dictamen reforma también el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Será remitida a la Cámara de Diputados.

En el fondo lo que se busca es debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos institucionales y otorgar manos libres al Ejecutivo”.

Carolina Viggiano, SENADORA DEL PRI.

Oficialismo defiende que se combatirán abusos procesales en los juzgados

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó anoche, en lo general, por 76 votos contra 39 del PAN, PRI y MC el decreto por el que se reforman la Ley de Amparo, Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, una vez concluida la aprobación en lo particular, durante las siguientes horas, sería remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual ratificación.

Al cierre de la edición, se perfilaba la aprobación de una reserva de adición al artículo segundo transitorio para precisar que “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto’’, propuesta por el morenista Manuel Huerta.

La priista Carolina Viggiano advirtió que tal adición es violatoria del Artículo 14 de la Constitución y “hace esta ley retroactiva’’.

Al fundamentar el decreto en la tribuna, Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, resumió que la reforma, que es “fruto de un trabajo legislativo serio, informado y plural, fortalece el juicio de amparo sin desnaturalizarlo, lo moderniza sin excluir a nadie, lo hace más eficiente sin sacrificar garantías’’.

Negó que los cambios logrados a partir de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sea producto de un trámite cerrado porque, mediante un proceso plural y transparente, se realizaron audiencias públicas con especialistas,

expertos, litigantes, académicos y representantes de organizaciones sociales.

“Escuchamos voces críticas, visiones diversas y propuestas técnicas”.

Detalló que el fin último de la enmienda es “fortalecer el juicio de amparo como escudo ciudadano frente al poder, pero, al mismo tiempo, cerrar los resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al interés colectivo y, con ello, el desarrollo del país”.

Son tres los objetivos fundamentales que se persiguen, explicó: modernizar el juicio de amparo, incorporando de manera clara el uso de herramientas digitales; hacer más eficiente y ágil el procedimiento, cerrando espacios a la dilación y el abuso de la noble institución y preservar su carácter garantista, reafirmando que es un recurso efectivo de defensa frente a los actos de autoridad.

Al definirse con mayor precisión la figura del interés legítimo respecto de la propuesta original, amplió, se evitarán demandas basadas en intereses abstractos, la sobrecarga de los tribunales con juicios de amparo sin fundamento y fortalece la seguridad jurídica, pero sin cerrar la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas.

Régimen autoritario

Guadalupe Murguía (PAN) consideró que la reforma no fortalece el amparo sino que blinda a las autoridades; “favorece la concentración de poder en las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos”.

Reconoció que las comisiones dictaminadoras modificaron la definición original propuesta de interés legítimo a fin de darle un concepto más amplio que no ponga en duda la procedencia del amparo en casos de amparos colectivos o de interés difuso.

Sin embargo, se manifestó en contra de que se mantenga el requisito de que la suspensión produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético para el quejoso.

Carolina Viggiano (PRI) se mofó de que los promotores y defensores de la reforma digan que no se va a quitar el juicio de amparo.

“Claro, no se va a quitar, se va a restringir la admisión, se va a restringir la suspensión, se va a restringir la ejecución de la sentencia. En conclusión, dejan al pueblo desamparado (…) En el fondo lo que se busca es debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos institucionales y otorgar manos libres al Ejecutivo. Es un paso hacia la consolidación de un régimen autoritario”, afirmó.

Guadalupe Murguía, SENADORA DEL PAN.

En comisiones se precisó el concepto de interés legítimo que incluía la reforma, lo que fue celebrado por la mayoría de los senadores.

 

Fotos: Eje Central, Cuartoscuro