IVÁN EVAIR SALDAÑA

Después de tomar un periodo vacacional de 15 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanuda hoy labores con la cuenta regresiva en marcha: comienza el último mes de trabajo para la actual integración del pleno, que concluirá funciones el próximo 31 de agosto para que el 1 de septiembre tomen posesión los nuevos ministros elegidos por el voto popular.

Como parte del cierre de ciclo, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, alista una sesión especial, fuera del calendario ordinario, que se realizará en la segunda quincena de agosto. En ella, junto con los presidentes de las dos salas, Javier Laynez Potisek y Loretta Ortiz Ahlf, presentará el informe de labores que tradicionalmente se rendía en diciembre.

El informe de Piña abarcará su gestión al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF) del 2 de enero de 2023 a la fecha. Los de la primera y segunda sala cubrirán el periodo de diciembre a agosto.

Al pleno de la SCJN sólo le restan dos sesiones antes del receso: las del 5 y 12 de agosto. En la lista de asuntos hay 17 pendientes, de los cuales los dos últimos son los más trascendentes: la constitucionalidad y aplicación de la prisión preventiva oficiosa y la del arraigo en México.

Sin embargo, parece difícil que los ministros logren abordar estos temas, ya que en cada sesión suelen discutir entre uno y tres asuntos, y en ocasiones, un solo tema puede extenderse por más de una sesión.

Para el 5 de agosto, el pleno tiene agendado el análisis del primer juicio de inconformidad relacionado con la elección de magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En tanto, las dos salas sólo tienen agendada la sesión del 13 de agosto y decenas de asuntos, entre ellos un proyecto que propone amparar al ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, contra la distribución de libros de texto que incluyen un episodio de 2015 en el que se mofó de representantes indígenas.

En cambio, entre los asuntos que heredarán a la futura administración están los amparos de Grupo Salinas que impugnan créditos fiscales que alcanzan casi 35 mil millones de pesos.

Fotos: El Sol de México, SCJN