Tras 11 meses de negociaciones, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos suscribieron ayer un acuerdo para reducir la jornada de trabajo a 37,5 horas semanales antes del final de 2025. La vicepresidenta Yolanda Díaz suscribió el acuerdo con los líderes de CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez. La reforma del Estatuto de los Trabajadores, que resulta necesaria para que progrese la medida, iniciará su tramitación parlamentaria de inmediato, pero no tiene garantizados los apoyos en el Congreso.

“La reducción de la jornada en España es una medida que se va a estudiar en las universidades de todo el mundo”, dijo ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el acto formal de firma del acuerdo para la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales sin recorte salarial. La flanqueaban los máximos líderes sindicales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Tras 11 meses de negociaciones tripartitas, solo los sindicatos y Trabajo han pactado el texto legal para modificar el Estatuto de los Trabajadores, recortando el tiempo de trabajo y endureciendo el registro horario. La patronal ha rechazado frontalmente el acuerdo, que contempla su aplicación a lo largo de 2025. Para ello necesitará apoyo parlamentario, lo que ha motivado roces entre los dos socios de Gobierno, ya que la parte socialista está dispuesta a retrasarlo si con ello se logran los votos necesarios en el Congreso.

El texto propone una nueva redacción de artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, donde se leerá que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”. Y en la disposición transitoria primera precisa que “las comisiones negociadoras de los convenios ( …. ) dispondrán de un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto”.

Otra cosa es cómo saldrá finalmente el texto del Congreso, cuya validación es necesaria para modificar la ley. De momento, Díaz gana la primera batalla y, tal y como había dicho en varias ocasiones esta semana, se obligará a que las empresas cumplan con la reducción de tiempo de trabajo antes de acabar el próximo año.

Antes de llegar al Congreso, el texto debe superar los informes preceptivos y aprobarse en el Consejo de Ministros sin modificaciones, según recuerdan fuentes sindicales. Durante la tramitación parlamentaria sí podría experimentar cambios de fondo y en su plazo de aplicación.

Que el texto recoja el plazo que defendía la vicepresidenta segunda cobra importancia después de que la parte socialista del Gobierno de coalición, capitaneada por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya matizado públicamente esta semana las condiciones del acuerdo. En concreto, desde el PSOE se ha abogado por flexibilizar la aplicación, llevando su vigencia a 2026 o incluso más tarde —“la legislatura es muy larga”, dijo Díaz que le indicaron en privado los socialistas—. La justificación dada por Cuerpo consistía en la necesidad de conseguir los respaldos necesarios, que aún no tiene, para aprobar el recorte en el Congreso. Entre los socios de investidura, Junts se perfila como la formación más reticente.

Las dificultades que encontrará el texto para salir adelante se dan por seguras. El líder de CC OO, Unai Sordo, destacó en su intervención en el acto de firma del acuerdo que los sindicatos son conscientes de que “la patronal CEOE también va a hacer su papel y va a presionar para bloquear esta norma en las Cortes Generales”. Pero “los sindicatos harán un seguimiento de cerca de esta tramitación” y trabajarán para “contrarrestar” las presiones, advirtió. “Ojalá las modificaciones logren reunir el consenso de todos”, añadió Sordo.

En el mismo sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró que la CEOE “está a tiempo de seguir hablando”. Los sindicatos “no cierran hoy nada, sino que lo abren”, añadió en referencia al proceso negociador con los grupos parlamentarios que los líderes sindicales ya han iniciado. Ambas centrales coincidieron en la necesidad de “movilizarse” para convencer a las fuerzas políticas de que apoyen la medida. Ál

varez señaló que las centrales continuarán su lucha para conseguir la jornada de 32 horas semanales, recogida en el programa electoral de Sumar.

Los plazos de entrada en vigor no ha sido lo único con lo que ha presionado Economía a Trabajo en los últimos días. También intentaron mitigar el efecto del recorte de jornada en los trabajadores a tiempo parcial, que mayoritariamente son mujeres, según fuentes de las negociaciones. Sin embargo, también en este punto el ministerio de Díaz ha logrado imponer su criterio: aquellos que tengan una jornada inferior a las 37,5 horas podrán seguir realizando el mismo número de horas que viniesen efectuando y “tendrán derecho al incremento proporcional de su salario”.

Además de recortar la jornada máxima, el documento acordado especifica que no se puede recortar el salario. “La reducción de jornada establecida en la presente ley no podrá tener como consecuencia la afectación de las retribuciones ni la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos más favorables o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras”, precisa la propuesta. Por tanto, la norma no prevé ningún tipo de flexibilidad por sectores al aplicarse.

En cambio, el Gobierno sí se compromete, en el plazo de 18 meses, a “revisar la normativa sobre jornadas especiales de trabajo”. Entre estas están las que tienen peculiaridades horarias por distintos motivos como la vigilancia de fincas urbanas, el trabajo en el campo, el comercio y la hostelería, los transportes y el trabajo en el mar, el trabajo a turnos, puestos con riesgos medioambientales, el trabajo en cámaras frigoríficas o de congelación, la minería, las jornadas fraccionadas o el trabajo nocturno.

Asimismo, el Ejecutivo indica que creará una mesa de diálogo social para “evaluar los resultados” de la medida. Un objetivo de esa mesa será el de “seguir avanzando en la reducción de la duración máxima de la jornada legal ordinaria de trabajo, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.

Además, el documento reforma la manera en la que las empresas deben registrar la jornada diaria de sus trabajadores, para hacerla “fiable, trazable y accesible”. En adelante se exigirá, entre otras cosas, que el registro sea “por medios digitales” y que las horas extraordinarias, que también se deberán registrar día a día, se totalicen en la nómina del sueldo mensual, “entregando la empresa copia del resumen a la persona trabajadora en el recibo correspondiente” y “sin perjuicio de la forma de compensación”.

Además, el nuevo registro “deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras”. El texto legal dilata la entrada en vigor de esta exigencia al momento que determine un desarrollo reglamentario de la norma. “No es de recibo que en el siglo de la inteligencia artificial seamos capaces de saber si hay agua en una piedra de marte y no podamos comprobar la jornada laboral de un trabajador”, declaró el líder de CC OO.

Para garantizar el cumplimiento del registro se endurecen las sanciones. Las multas más graves actualmente están fijadas en un máximo de 7.500 euros por empresa incumplidora, y en con la reforma legal se elevarán hasta un máximo de 10.000 euros por persona afectada. Para por cada trabajador, y no por el conjunto de la compañía encarece mucho las sanciones. El texto también regula más ampliamente el derecho a la desconexión digital.

Trabajo planea que se lleve a cabo a través de un proyecto de ley y que vaya en una sola lectura al Consejo de Ministros. Como la intención del ministerio de Díaz es que se tramite de forma urgente, podrían pasar entre dos y tres meses antes de que lo estudie el Consejo .Y después otros tres meses para su tramitación parlamentaria. Esto llevaría con toda probabilidad a que su entrada en vigor, prevista para el día siguiente de su publicación en el BOE, sea en el último tercio del año.

Al ser un proyecto de ley se someterá a la negociación con todas las fuerzas políticas. En este proceso podrían recuperarse las ayudas a las pymes u otras ayudas directas para la digitalización del registro horario. Estas fueron algunas de las medidas que Trabajo propuso a la patronal para atraerla al acuerdo y que se han caído del texto final tras el portazo de la CEOE.