Por Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos,

Luis F. Munguía

En México, durante décadas el salario mínimo se utilizó como ancla para la política de estabilidad, sacrificando su poder adquisitivo en aras de contener la inflación y atraer inversión con mano de obra barata. El resultado fue una pérdida histórica de bienestar: en 1999 alcanzamos el menor poder de compra en la era moderna. No fue sino hasta 2016, con la desvinculación del salario mínimo de ordenamientos legales, que inició un camino de recuperación. A partir de 2019, la política salarial dio un giro y, en apenas seis años, el salario mínimo recuperó 130% de su valor real.

Más allá de un debate ideológico, la evidencia reciente permite evaluar con datos concretos los efectos de esta política. Uno de los temores tradicionales era que aumentos significativos al salario mínimo provocarían desempleo, inflación descontrolada o distorsiones en toda la estructura salarial. La experiencia mexicana de los últimos años demuestra lo contrario.

Los incrementos al salario mínimo han beneficiado directamente a millones de trabajadores. Tan solo en 2025, 8.4 millones de personas recibieron un impacto positivo en sus ingresos. El salario promedio real de los trabajadores afiliados al IMSS ha crecido 26% desde 2018, una cifra que contrasta con el estancamiento observado durante la década previa. Este efecto no se limitó al salario mínimo: al arrastrar hacia arriba los salarios más bajos, se logró una reducción muy importante en la desigualdad.

El impacto más contundente está en la reducción de la pobreza. La pobreza cayó a un 29.6 % en 2024, la cifra más baja registrada desde que se lleva este indicador, lo que significa que entre 2018 y 2024 cerca de 13.4 millones de personas salieron de esa condición. Estudios recientes de la Conasami estiman que de esas 13.4 millones, 6.64 millones lo hicieron exclusivamente gracias al aumento del salario mínimo, es decir, descontando todos los demás factores que también contribuyen como transferencias, educación o remesas. En otras palabras: los aumentos en el salario mínimo no fueron solo un ajuste monetario, sino una herramienta concreta de política pública para que millones mejoraran su nivel de vida, disminuyendo la pobreza multidimensional y la pobreza extrema de manera significativa.

Otro de los efectos positivos ha sido en la reducción de las brechas salariales de género. Entre 2019 y 2024, los aumentos al salario mínimo redujeron la brecha en 29% a nivel nacional. En los municipios con mayor rezago, donde se concentran las mujeres más pobres, la reducción llegó a 66%. Este dato revela que la política salarial ha tenido un carácter redistributivo que va más allá del promedio nacional, al beneficiar especialmente a quienes históricamente han estado en desventaja.

En síntesis, la política de recuperación del salario mínimo en México no solo ha mejorado los ingresos de millones de trabajadores, sino que también ha contribuido a reducir la pobreza, disminuir la brecha de género y alcanzar niveles inéditos de igualdad. Frente a los temores del pasado, los datos muestran que un salario mínimo digno puede ser una herramienta eficaz para construir un país más justo sin que se hayan cumplido los temores dogmáticos del pasado.