News 2019


A finales del pasado mes de  agosto el Sistema de Administración Tributaria (SAT) suprimió  la opción de utilizar el denominado ‘autoaplicativo’ para temas de subcontratación laboral, esta eliminación impone ahora la obligación fiscal (ya no optativa) para todas las compañías que utilicen servicios en régimen de subcontratación para solicitar y recopilar de sus prestadoras de outsourcing (e insourcing) toda la información y comprobación relativa a pagos de seguridad social, entero de retenciones del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Local de Nóminas. Todo lo anterior, relacionado con la presentación de los servicios de tercerización regulados y definidos en la Ley Federal del Trabajo.

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Hoy fue publicado en el DOF el “Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes”, esto en cumplimiento al artículo Décimo Primero Transitorio quinto párrafo de la Ley Federal del Trabajo, que establece: “Hasta en tanto no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) establecerá el protocolo para efectuar la verificación de la consulta…” Este protocolo contiene las reglas y procedimientos para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes, estableciendo lo siguiente:

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La ley establece que toda empresa -unidad económica de bienes y servicios- está obligada al pago de utilidades a partir de 300,000 pesos de ganancias al año.

¡Ya no sufras! Abril terminó y se llevó el plazo para hacer tu declaración anual de impuestos. Ahora llegó el momento de sonreír, al menos para tu bolsillo, pues mayo es el mes cuando los trabajadores deben recibir el pago de utilidades.
Pero, ¿qué es eso del reparto de utilidades?, ¿quiénes tienen derecho a ello? y ¿cómo saber si me dieron lo que corresponde? No todos los trabajadores disfrutan de este beneficio, así que a continuación te presentamos una guía sobre concepto.
“La regla general es que todas las empresas están obligadas al pago (de utilidades)”, sin embargo, “El término empresa se vuelve muy importante porque la ley define lo que es empresa: Unidad económica de bienes y servicios”, explicó el contador público Jorge Sales Boyoli, socio fundador del Bufete Sales Boyoli….

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Inconstitucionalidad del artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada

Nos complace compartir con ustedes que el pasado 15 de febrero de 2019 el despacho concluyó definitivamente un asunto en donde se logró la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada para uno de nuestros principales clientes.

En virtud de ello, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México notificó a BSB el cumplimiento de la sentencia por medio del cual la Dirección de Seguridad Privada dejó insubsistentes las sanciones impuestas al cliente consistentes en:

  • (i)   Amonestación con difusión pública en la página de internet de la Secretaría de Gobernación, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación a nivel nacional, a costa del cliente;

 

  • (ii)   La ejecución forzosa de la póliza de fianza otorgada dentro del expediente administrativo; y

 

  • (iii)   Cualquier otro acto de ejecución que se pudiera derivar de la resolución de sanción.

La Dirección General de Seguridad Privada se vio obligada a anular las sanciones en razón de que un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la sentencia del Juez de Distrito por medio de la cual declaró inconstitucional el artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada que obliga a las empresas que prestan servicios vinculados con la seguridad privada a presentar ante la autoridad de manera semestral los datos personales de sus compradores y usuarios (clientes).

En este sentido, al haberse declarado inconstitucional la obligación señalada en la norma, la sanción resulta improcedente.

Consideramos que este es un caso relevante ya que los efectos del amparo no sólo operan en el presente sino también hacia el futuro, es decir, la autoridad nunca más le podrá exigir al cliente el cumplimiento a esta obligación hasta en tanto se reforme el Reglamento aludido.

Para más información puede consultar a Paola López Jiménez, Socia del Área de Derecho Administrativo, o Rodrigo Martínez Vergara, Asociado del Área de Derecho Administrativo, de BSB.


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