Verónica Gascón

La falta de presupuesto para las instancias que surgieron con la reforma laboral, como el Centro Federal de Conciliación y los Tribunales, entorpece el tratamiento de casos y pone en riesgo los avances logrados en la materia.

Además, el recorte de los apoyos otorgados por el Gobierno de Estados Unidos puso en evidencia la insuficiencia de recursos para garantizar el funcionamiento adecuado y eficiente de estas dependencias, afectando su capacidad para atender los asuntos laborales de manera oportuna.

Se estima que en el sexenio pasado se distribuyeron aproximadamente 200 millones de dólares para distintos proyectos ligados a la implementación de la reforma laboral.

Humberto Huitrón, abogado y experto laboral, señaló que la puesta en marcha de la reforma laboral depende de la autorización de gastos. Incluso, comentó, algunos funcionarios han tenido que aportar de sus propios recursos para operar.

“Presupuesto no hay, da pena que los propios funcionarios de estas dependencias tengan que financiar viáticos cuando no debe ser así”, comentó.

Por su parte, Jorge Sales, abogado laboral, opinó que existe una crisis dentro de las instituciones laborales.

“Estamos ante una crisis de cantidad y calidad. La crisis de cantidad se debe a que hay menos personal disponible para realizar tareas 100 por ciento operativas, como notificaciones o depuración de archivos en los juzgados y el Centro Federal. Esto se preveía desde la reforma judicial del año pasado, cuando muchos funcionarios salieron y no se repusieron las plazas”, explicó.

Añadió que la crisis de calidad radica en el tipo de resoluciones emitidas por los Tribunales y en los tiempos que tardan en dictarse.

“Estamos retrocediendo con los frutos de la reforma laboral de 2019, hubo voces que se pedía que la reforma judicial no se aplicara al aspecto laboral porque todavía estaban en un proceso de implementación. Llegan personas nuevas que están formándose, al mismo tiempo que imparten justicia”, manifestó Sales.

Por otro lado, Óscar de la Vega, del despacho De la Vega & Martínez Rojas, consideró que el Centro Federal de Conciliación inició bien porque todos sus trámites son en línea.

Sin embargo, advirtió que se está acumulando un gran volumen de trabajo para emitir constancias de representatividad a los sindicatos, necesarias para acreditarse ante los trabajadores y para emplazar huelgas.

“Estamos notando que empieza a haber corrupción porque no tienen la capacidad o el interés de poder revisar las firmas de los trabajadores, si son reales o no. Por eso hemos detectado constancias de representatividad que surgen de un procedimiento ilegal o indebido y general la extorsión sindical que sufrimos antes de la reforma”, explicó.

Fotos: El Sol de México, Diario Jurídico