“Con esta iniciativa enviamos un mensaje decidido y claro a las personas servidoras públicas al establecer que todo acto de injerencia en la constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y/o la destitución de sus directivas será considerada falta administrativa grave y sancionada conforme a la ley”, explicó el dirigente.

La sanción implicaría una suspensión temporal del cargo, destitución o inhabilitación de uno a 20 años, además de sanciones económicas sin perjuicio de las políticas o penales, según corresponda.

“La sanción”, advirtió Cepeda, “constituye una medida preventiva para que las personas servidoras públicas no cedan a la tentación de interferir en la vida interna de los sindicatos. Es también una medida correctiva ejemplar para quienes insistan en violar su autonomía”.

“Con esta reforma le cerramos otra puerta más a la corrupción, no más ventajas indebidas, no más abusos del cargo, no más dirigencias a modo, no más subordinaciones indignas”.

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales saludó la iniciativa, aunque recordó que desde fuera se enmendó la plana.

“A partir de la firma del T-MEC, hace poco menos de siete años, logramos la reforma a la ley que permite efectivamente que se garantice la libertad de asociación, la libertad sindical”, dijo.

“Por eso logramos un avance importante en el apartado A, trabajadores de iniciativa privada, y por eso hoy celebramos esta iniciativa que presenta el senador Cepeda, porque viene a complementar esta reforma que quedó inconclusa, porque estamos incluyendo a partir de esta reforma el apartado B”.

Para la panista Ivideliza Reyes Hernández, la reforma apunta a dar forma a una democracia sindical libre de imposiciones y con el respeto pleno de los derechos laborales de miles de servidores públicos.

“El nuevo artículo 69 Bis”, observó, “reconoce que los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado deben de gozar de protección contra toda forma de injerencia, lo cual significa que ninguna autoridad o titular de dependencia podrá intervenir directa o indirectamente en su constitución o funcionamiento, interferir en una elección, condicionar apoyos o usar recursos públicos con fines sindicales será ahora una falta administrativa grave”.