El 1 de julio de 2025 entró en vigor una nueva ley que consolida las normas aplicables a la libertad de expresión de los empleados públicos. El objetivo de la ley es doble: aclarar los derechos existentes y destacar el apoyo político al derecho de los empleados públicos a expresarse.

Los empleados públicos en Dinamarca, al igual que todos los demás ciudadanos, gozan de libertad de expresión en virtud del artículo 77 de la Constitución danesa. Esto significa que los empleados públicos tienen libertad de expresarse a título personal, incluso sobre asuntos relacionados con su lugar de trabajo. Por regla general, los empleados públicos tienen amplio acceso a la participación en el debate público, incluso a través de los medios tradicionales y las redes sociales.

Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no es ilimitado y debe ejercerse dentro de ciertos límites. Al igual que todos los demás empleados, los funcionarios públicos están sujetos a un deber general de lealtad hacia su empleador. Esto implica que sus declaraciones no deben perjudicar el funcionamiento de la autoridad. Los empleados no pueden revelar información confidencial, hacer acusaciones manifiestamente falsas ni socavar de cualquier otra forma la confianza pública en la autoridad. Por lo tanto, las críticas deben expresarse de forma objetiva y profesional.

Ley de Libertad de Expresión para Empleados Públicos

La nueva Ley de Libertad de Expresión para Empleados Públicos no altera la situación jurídica vigente, según la cual los empleados públicos tienen derecho a expresarse como particulares sin riesgo de consecuencias laborales adversas, siempre que dichas expresiones se ajusten a los deberes generales de lealtad y confidencialidad, entre otras obligaciones. En consecuencia, las declaraciones no deben incluir información confidencial cuya divulgación constituya un delito, ni pueden ser difamatorias, tener un tono indebidamente ofensivo ni contener información manifiestamente falsa sobre asuntos relevantes para el ámbito laboral del empleado. La libertad de expresión también puede verse limitada cuando una declaración pueda perjudicar los procesos internos de toma de decisiones o la capacidad operativa de la autoridad.

A pesar de la nueva ley, la situación jurídica seguirá clarificándose y desarrollándose mediante la jurisprudencia, como se ha hecho anteriormente. Por lo tanto, el objetivo no es modificar los límites establecidos de la libertad de expresión de los empleados públicos, sino codificar las normas ya vigentes.

Protección contra consecuencias laborales

La protección contra consecuencias laborales adversas es amplia y también abarca las declaraciones realizadas en los medios de comunicación. Por regla general, un empleado público no puede ser despedido, degradado ni sometido a sanciones laborales únicamente por una declaración que se ajuste a los límites legales. Cuando exista el riesgo de que una declaración pueda ser percibida como un reflejo de la opinión de la autoridad, debe indicarse claramente que el empleado habla a título personal.

No obstante este principio general, pueden surgir situaciones en las que una declaración lícita tenga consecuencias que afecten la relación laboral. La historia legislativa de la ley señala que las dificultades de cooperación derivadas de declaraciones públicas pueden, en última instancia, justificar el despido. Sin embargo, esto exige que el empleador público demuestre que las dificultades de cooperación son de tal gravedad que constituyen una causa legítima de despido, que el empleado público es el principal responsable y que se han intentado medidas menos intrusivas sin éxito. Por lo tanto, no es la declaración en sí, sino sus consecuencias demostrables, lo que puede justificar un despido lícito.

Además, la ley no impide que los empleadores públicos adopten directrices internas que especifiquen quién puede hablar en nombre de la autoridad y cómo deben realizarse dichas declaraciones.

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