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Inconstitucionalidad del artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada

Nos complace compartir con ustedes que el pasado 15 de febrero de 2019 el despacho concluyó definitivamente un asunto en donde se logró la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada para uno de nuestros principales clientes.

En virtud de ello, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México notificó a BSB el cumplimiento de la sentencia por medio del cual la Dirección de Seguridad Privada dejó insubsistentes las sanciones impuestas al cliente consistentes en:

  • (i)   Amonestación con difusión pública en la página de internet de la Secretaría de Gobernación, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación a nivel nacional, a costa del cliente;

 

  • (ii)   La ejecución forzosa de la póliza de fianza otorgada dentro del expediente administrativo; y

 

  • (iii)   Cualquier otro acto de ejecución que se pudiera derivar de la resolución de sanción.

La Dirección General de Seguridad Privada se vio obligada a anular las sanciones en razón de que un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la sentencia del Juez de Distrito por medio de la cual declaró inconstitucional el artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada que obliga a las empresas que prestan servicios vinculados con la seguridad privada a presentar ante la autoridad de manera semestral los datos personales de sus compradores y usuarios (clientes).

En este sentido, al haberse declarado inconstitucional la obligación señalada en la norma, la sanción resulta improcedente.

Consideramos que este es un caso relevante ya que los efectos del amparo no sólo operan en el presente sino también hacia el futuro, es decir, la autoridad nunca más le podrá exigir al cliente el cumplimiento a esta obligación hasta en tanto se reforme el Reglamento aludido.

Para más información puede consultar a Paola López Jiménez, Socia del Área de Derecho Administrativo, o Rodrigo Martínez Vergara, Asociado del Área de Derecho Administrativo, de BSB.


Al resolver el amparo directo 43/2018, interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación primera, determinó que exigir el examen de VIH como requisito para acceder al trabajo médico viola el derecho a la igualdad, pues permitiría negar el empleo a la persona, simplemente por su condición de salud, lo que está prohibido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto significa que los exámenes de VIH/SIDA que practiquen las instituciones de salud a sus trabajadores médicos, deben cumplir con los siguientes requisitos:…

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En una resolución sin precedentes, dictada a principios del mes de febrero; en materia civil y no laboral; pendiente de ser publicada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado por unanimidad de sus cinco ministros, algunos de los elementos y conductas que deben acreditarse en un litigio para probar el acoso laboral; entre ellos se destacan los siguientes:

(i) El objetivo, por parte del hostigador para intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante, con mira a excluirlo de la organización o a satisfacer la necesidad de agredir, controlar o destruir.

(ii) La agresividad o el hostigamiento laboral puede ser, bien entre compañeros del ambiente del trabajo que ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional o por parte de sus superiores jerárquicos.

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