Responsabilidad penal de las empresas ¿pueden verse afectadas por los delitos que cometan sus trabajadores?

Elaborado por el Licenciado Jorge Alberto Hernández Socio del área Penal de Bufete Sales Boyoli.

En el reciente Código Nacional de Procedimientos Penales introdujo una nueva institución completamente vanguardista para el Sistema Legal Mexicano: La responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas. Con esta nueva inclusión de la responsabilidad criminal por parte de las empresas al Derecho Penal Mexicano, se reformó también el Código Penal para el Distrito Federal abordando con detalle esta figura.

Este nuevo marco jurídico significa que una empresa podrá ser sometida a un procedimiento penal, derivado de las conductas incurridas por las personas físicas en funciones vinculadas con la entidad como podrían serlo miembros del consejo, representantes legales e incluso como trabajadores, ante la eventual   comisión de algún delito a nombre, por cuenta o en beneficio de la misma compañía.

La conducta y circunstancias para ser sancionadas penalmente consiten en (art. 27).

I.- Las personas morales o jurídicas serán responsables penalmente de los delitos dolosos o culposos, y en su caso, de la tentativa de los primeros, todos previstos en este Código, y en las leyes especiales del fuero común, cuando:

a).- Sean cometidos en su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio, por sus representantes legales y/o administradores de hecho o de derecho; o

b).- Las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el inciso anterior, realicen u24n hecho que la ley señale como delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido control que corresponda al ámbito organizacional que deba atenderse según las circunstancias del caso, y la conducta se realice con motivo de actividades sociales, por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral o jurídica. 

Bajo esta lógica, el inciso a), resultará aplicable a personas que dentro de la sociedad ejerzan funciones de administración y/o representación jurídica.

Por lo que toca al inciso b), se impone una obligación de vigilancia por parte de los administradores y/o representantes legales de las empresas hacia los subordinados (relación laboral) para ejercer un estricto control en su actividad que manifiesto en la prevención y detección de la comisión de delitos. Por tanto, si un trabajador cometiera un delito en nombre, por cuenta, en beneficio o provecho de la empresa, ésta será penalmente responsable al no haber implementado la debida vigilancia para evitarlo, de manera independiente y adicional a la responsabilidad penal del trabajador.

Este nuevo marco jurídico obliga a plantear entre otras las siguientes preguntas: ¿Qué es organizar bien una empresa para impedir se cometan hechos delictivos en su interior? ¿Qué implica la obligación para los administradores y/o representantes legales  de implementar las  medidas organizativas destinadas a impedir la comisión de delitos por sus empleados en el seno de la empresa?

La respuesta a ello dependerá de la actividad y giro de cada empleador. Tomando en cuenta ello, se deben trazar y diseñar estrategias, políticas, reglamentos internos, documentos así como medidas de vigilancia que evidencien el control sobre los empleados, o cuando menos la puesta en marcha de mecanismos tendientes a evitar la comisión de delitos por parte de éstos.

Las sanciones aplicables a la persona moral pueden consistir en la suspensión, remoción, disolución, intervención, prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades, reparación del daño, dentro de otras.

Para una mayor profundidad sobre el tema, por favor no dude en contactarnos.

 


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