Presidencia presume cómo logró las reformas; AMLO cancelará una y otras más se modifican

El gran legado del Presidente Enrique Peña Nieto, las 11 reformas estructurales que su gobierno impulsó, fueron ideales en el papel. Pero en la realidad, dejaron mucho a deber y no cumplieron con sus objetivos principales que eran aumentar la productividad nacional, ampliar los derechos de los mexicanos y fortalecer la democracia, dijeron nueve analistas consultados por SinEmbargo.

El fracaso reformista tendrá consecuencias para la administración entrante, que deberá modificar e incluso derogar algunas de las enmiendas constitucionales y/o sus respectivas leyes secundarias. De momento, Andrés Manuel López Obrador está determinado a dar marcha atrás a la Reforma Educativa. Además, el tabasqueño se ha mostrado inconforme con la Energética, Laboral y Fiscal.

¿Cuál será el derrotero de las 11 reformas con la llegada de López Obrador al Ejecutivo federal? “No está claro”, respondieron los especialistas. Sin embargo, concordaron en que el verdadero reto de AMLO será hacer valer las normas existentes y hacer un “rediseño institucional” para eficientar, democratizar y transparentar los procesos de Gobierno.

El sexenio de Enrique Peña Nieto impulsó 11 reformas constitucionales que moverían a México hacia adelante. Inclusive, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fraguó un pacto con las principales fuerzas políticas de oposición (PAN y PRD) para lograrlo. No obstante, así como el pacto, los efectos positivos de las enmiendas se deslavaron. Y en los albores de una nueva administración, a cargo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el destino de las “grandes reformas” no está claro.

De momento, Andrés Manuel López Obrador está determinado a dar marcha atrás a la Reforma Educativa. Además, se ha mostrado inconforme con la Energética, Laboral y Fiscal.

“Acerca del destino de las llamadas reformas estructurales […] aunque nuestra postura sea revertirlas porque no benefician al pueblo, no responderemos a una imposición con otra imposición. Se consultará a los ciudadanos si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más importante, se garantizará la libre expresión de la voluntad ciudadana y se respetará la decisión de la mayoría”, refiere el Proyecto de Nación 2018-2024del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El plan de trabajo de López Obrador establece la necesidad de realizar un diagnóstico base antes de comenzar a hacer enmiendas a la Carta Magna y a los reglamentos administrativos. Por ello, en un inicio, la nueva administración se apegará “a la observancia de las leyes tal y como se encuentren redactadas en diciembre de 2018”. Sin embargo, “a mediano plazo, es posible que se presente alguna iniciativa de reforma” en caso de que la reorganización de la Administración Pública Federal lo amerite.

A pesar del apego a la normatividad vigente, AMLO ha sido tajante al reafirmar que tendrá su propia agenda, según la cual, “lo primero es acabar con la corrupción, lo segundo es acabar con los privilegios, lo tercero es que haya producción y haya trabajo, lo cuarto es que haya bienestar y lo quinto es que podamos vivir con un gobierno democrático”, dijo en abril de este año.

Las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto, en general, nacieron de iniciativas sustentadas en demandas sociales y prometieron cambios de fondo –como la educativa, que buscó limitar y transparentar al sindicato educativo–. Incluso, en el papel, las enmiendas fueron la base de cambios importantes –e.g. la energética, que abrió el mercado nacional a productores extranjeros de gasolinas–. Pero en la práctica, estas reformas dejaron mucho que desear, coincidieron nueve analistas consultados por SinEmbargo.

“Había muchas expectativas en las reformas; pero al final de cuentas, todas no tuvieron los resultados esperados. Esto no es sorpresivo [porque] no hay recetas mágicas para generar crecimiento y desarrollo”, comentó el doctor César Armando Salazar López, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre las causas del fracaso reformista del actual sexenio, los especialistas señalaron la falta de aplicación de la normatividad vigente; de mecanismos para efectuarla, diagnosticarla y ejercer control sobre sus procesos, así como “inmadurez” institucional. Estos factores, aunados a problemas coyunturales –como la caída del precio del petróleo o la inestabilidad económica internacional– y a problemas de planeación estratégica, lograron que el sueño que inició en 2013, tropezara.

“Juntos hagamos historia”, dijo Enrique Peña Nieto en el marco de su Primer Informe de Gobierno. “Tenemos 120 días para que 2013 sea recordado como un año de grandes transformaciones”, abundó en un momento en que las reformas estructurales –que venía impulsando y que marcaron los primeros 20 meses de su administración– comenzaban a materializarse. Su objetivo era aumentar la productividad nacional, ampliar los derechos de los mexicanos y fortalecer la democracia.

 

CAMBIOS EN LA REFORMA LABORAL

López Obrador ha manifestado que su administración revisará la reforma y adelantó que habrá cambios para aumentar el salario mínimo a 100 pesos diarios. Cambios que estarán ajustados a la enmienda de 2017, para evitar “vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Además, su programa de trabajo propone revivir la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria sobre Salarios Máximos –que está en la congeladora del Poder Legislativo desde 2011– para limitar los salarios, beneficios y compensaciones que tienen los servidores públicos.

La Reforma Laboral de Peña Nieto tuvo una intención de fondo: desaparecer los contratos colectivos de trabajo para la protección patronal –que son acuerdos que firman los líderes de los sindicatos con los patrones, sin la participación de los trabajadores– con la finalidad de evitar actos de corrupción, dado que el Gobierno siempre ha dominado y ejercido una “gran influencia” sobre los sindicatos, explicó el doctor Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores del Derecho del Trabajo-UNAM.

Contrario a ello, “el proyecto de Peña Nieto tuvo por objeto encapsular todos los contratos colectivos de trabajo para la protección patronal, tanto federales como locales, para no molestar a la clase patronal en México. Entonces el Gobierno federal decidió en esa reforma establecer el Instituto Federal de Conciliación y Registro de Contratos Colectivos de Trabajo […] con el objetivo de evitar que hubiera demandas en contra de los patrones y que los contratos colectivos fueran tocados”.

Esta reforma agravó los problemas causados por la enmienda de 2012, que dio paso a los contratos eventuales y a las subcontrataciones, además de romper la estabilidad en el empleo (fueron agregadas cláusulas que limitaron el derecho a beneficios de los trabajadores).

En ese sentido, el doctor en economía de la UNAM, César Armando Salazar López, refirió que “la reforma laboral flexibilizó las condiciones laborales para facilitar la contratación”. Sin embargo, el propósito del Gobierno fue “presumir que habían más de tres millones de nuevos empleos. Pero al final, no valió de mucho porque las tasas de ocupación formal siguieron siendo prácticamente las mismas”.

Los analistas coincidieron en que AMLO deberá apegarse a los convenios 87 (para la libertad sindical) y 98 (para la negociación colectiva) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para así obligar a que los trabajadores estén involucrados en la firma de los contratos colectivos. Además, urgieron la necesidad de aplicar la ley en materia de sindicatos, cuya falta de transparencia está ligada a los intereses políticos, cuyos “gobiernos han prohijado” la corrupción y la opacidad.

“Un gobierno progresista lo que necesita hacer es revisar el marco constitucional para eliminar los factores neoliberales de ese proyecto que tenía fines específicos [a favor de unos cuantos]. Y una vez consultando y entendiendo el problema, modificar la reforma”, explicó Larios. Ello implica mantener las juntas de conciliación y arbitraje que la reforma quiso desaparecer, e instituciones y mecanismos “que atraigan la informalidad, a la formalidad”, concluyó.

 

Referencia: https://www.sinembargo.mx/31-08-2018/3464960


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