Ley de Ayuda Alimentaria y su Reglamento letra muerta por su nula efectividad fiscal y laboral.

El pasado cuatro de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. Con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, este dispositivo de once artículos tiene por objeto establecer normas reglamentarias para instrumentar los esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los Trabajadores en el Ámbito Ocupacional.

La llamada Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores publicada en enero del año 2011, tiene por objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional permitiendo a los patrones que observaran dicha ley recibir los beneficios fiscales contemplados en la misma.

Los beneficios fiscales “concedidos” por la Ley de Ayuda Alimentaria para los trabajadores y su reglamento consisten en la deducibilidad para el patrón de los gastos incurridos para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadores, así como para la entrega de despensas o de vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, en los términos y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los ingresos correspondientes del trabajador se considerarán ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en los términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social en los términos y condiciones que para el caso dispongan las leyes de seguridad social.

La aparición de este reglamento y su inmediata entrada en vigor, no deja de levantar suspicacias electorales cuando se publica un par de días antes de las elecciones intermedias en México, especialmente por su ineficacia conforme a las razones siguientes:

a)  Al ser publicada en el año 2011, e impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entonces de oposición, se percibió como un paliativo a los contribuyentes con empleados contratados, impedidos para hacer deducibles los salarios conforme a las reglas del Impuesto Empresarial a Tasa Única IETU (hoy impuesto derogado).

b)   La reforma fiscal del 2014 ha hecho aún más inaplicable esta ley y su flamante reglamento al limitar las deducciones de previsión social que se traduzcan en ingresos exentos para los trabajadores (53%/47%) y por otro lado, se definió para efectos fiscales en forma limitativa y distinta a esta Ley de Ayuda Alimentaria lo que debe entenderse como vales de despensa o comida.

c)   La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las ayudas en efectivo para tales fines, no son deducibles al no poder  acreditarse su destino o fin; luego, necesariamente se debe dar este tipo de apoyos en forma de vales/monederos electrónicos/ tarjetas.

En este orden de ideas hoy, un patrón no puede efectuar deducciones  adicionales o diferentes a las señaladas en forma limitativa por la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Esperamos que esta colaboración sea de utilidad, por favor cualquier duda o comentario contacte a cualquiera de los miembros de esta firma.

Agradecemos al Lic. Angel Turanzas Díaz sus comentarios para la elaboración de esta comunicación.

 

 


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