¿Las empresas se pueden amparar?

Colaboración especial de Jorge Alberto Hernández

Con la reciente expedición de la Ley de Amparo, y particularmente del tratamiento expreso que se le da a los Derechos Humanos en nuestro sistema jurídico, se han generado diversos criterios en torno a la procedencia del Juicio de Amparo en los casos que las personas morales sean las promoventes.

Así, la fracción I del artículo 1 de la indicada ley señala que el Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los DERECHOS HUMANOS reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Y más adelante, el primer párrafo de la fracción I el artículo 5 de dicha ley señala que son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley (DERECHOS HUMANOS)  y con ellos se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

La pregunta inmediata que surge es ¿Las personas morales son titulares de Derechos Humanos? La respuesta sería, en principio, que no.

El problema se agranda si tomamos en cuenta el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al señalar en el punto número 2 del artículo 1 que para los efectos la convención persona es todo ser humano.

En la Declaración Universal sobre Derechos Humanos no se hace  ningún tipo de aclaración o alusión para clarificar si la referencia hecha a “persona” es sólo para el ser humano o también para personas jurídicas. Pero de su lectura integral se puede interpretar y desprender que las referencias que se hacen a “personas” son dirigidas los seres humanos, dejando a un lado a las personas morales o jurídicas.

Por tanto, en esos dos instrumentos internacionales de mayor envergadura en el tratamiento de los Derechos Humanos, no parece que puedan aplicarse sus disposiciones para la protección de las personas morales frente a la actividad del Estado que vulneren su esfera jurídica.

En la experiencia Mexicana, se han emitido criterios encontrados. Para algunos Tribunales Colegiados de Circuito la protección de los Derechos Humanos se amplía a las personas morales, en virtud que están formadas por personas físicas. Para otros, las personas morales no son titulares de Derechos Humanos en virtud que únicamente las personas físicas como seres humanos tiene la protección de éstos en el campo normativo.

La confusión, y mala interpretación que de esto se ha hecho, ha provocado que algunos Tribunales Colegiados de Circuito en el Distrito Federal estén adoptando el criterio de negarle a las personas morales la titularidad de Derechos Humanos y, consecuentemente, desechan todas las demandas de amparo promovidas por éstas.

Esto no sólo genera mayor cúmulo de trabajo al interior de los propios Tribunales, ya que el acuerdo de desechamiento es continuamente recurrido mediante el Recurso de Reclamación, sino que además provoca un gran estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que sí este criterio se generaliza, prácticamente las empresas estarían atadas de mano antes los actos ilegales y arbitrarios de las autoridades mexicanas en las diversas esferas.

Lo que está sucediendo con todas esas demandas de amparo que han sido desechadas, y las que se encuentran en trámite de ser admitidas, es que su estado procedimental ha sido suspendido, y se ha dejado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tarea de fijar los alcances de la interpretación y aplicación de los Derechos Humanos en el ámbito jurídico mexicano. Tarea que necesariamente debe concluir necesariamente en establecer que las personas morales también tienen la posibilidad de acudir al Juicio de Amparo contra los actos de autoridad que las afecten.

Ese afán de México de armonizar nuestro Derecho con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, acompañado de una infructuosa redacción legislativa, ha generado, cuando menos por el momento, una grave inseguridad jurídica a las personas morales víctimas del arbitrio de las autoridades.

Considero que toda esa confusión en la interpretación respecto al alcance de la protección de los Derechos Humanos se podría haber evitado si desde al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hubiera manejado el concepto de “Derechos Fundamentales”, así como sí en la Ley de Amparo se hubiera establecido expresamente que el Juicio de Amparo también procede contra actos de autoridad que afecten la esfera jurídica de las personas morales.

En fin…nuevamente sólo nos queda esperar a la decisión que tomen los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

 

 

 


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram