El delito de fraude procesal y su denuncia como mecanismo para contrarrestar las demandas infundadas en los juicios laborales

Con frecuencia, hemos tenido conocimiento en nuestra Firma sobre casos de falsos trabajadores que, buscando beneficios indebidos, presentan demandas laborales alegando supuestos despidos injustificados y reclamando, en consecuencia, el pago de grandes cantidades de dinero por conceptos que en realidad y legalidad no les corresponden. También enfentamos casos de ex trabajadores que, arguyendo a hechos falsos o exagerando algunos verdaderos, buscan el mismo propósito de extorsionar. Lamentablemente, esta práctica se ve favorecida por un sistema de impartición de justicia y una legislación laboral anacrónicos. 

Sin embargo, el hecho de acudir ante una Junta de Conciliación y Arbitraje para que, entre otras conductas: (a) se demande el pago de conceptos no adeudados, (b) se aduzca a despidos injustificados falsos, (c) se aleguen hechos o se reclamen prestaciones derivadas de una relación inexistente de trabajo en México acarrea una responsabilidad penal para el demandante e incluso para sus abogados.

El Código Penal para el Distrito Federal contempla en su Artículo 310 el denominado “Fraude Procesal” en el que se prevé una pena de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos días de multa al que simule un acto jurídico, acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en un juicio o realice cualquier otro acto tendiente a inducir en el error a la autoridad judicial o administrativa con la finalidad de obtener una sentencia o resolución favorable.

Cuando se pretende obtener un beneficio de carácter económico con motivo de la demanda laboral espuria se impondrán las penas previstas para el delito de fraude genérico, pudiendo ser hasta de seis a doce años de prisión, si el monto del beneficio económico supera las diez mil veces el salario mínimo.

De las hipótesis delictivas señaladas con anterioridad, la referente a realizar actos de engaño para inducir en el error a la autoridad judicial o administrativa con el fin de obtener una sentencia o resolución contraria a la ley es la que resulta aplicable en el caso de las demandas laborales presentadas por falsos trabajadores o por ex trabajadores pero sustentadas en hechos falsos.

Para la configuración del delito al que aquí se alude, no se requiere que la autoridad laboral emita una sentencia (denominada laudo en materia laboral) en la que decida el fondo de la controversia, ya que el Artículo 310, al manejar la locución “con el fin”, implica que únicamente basta con la intención del falso trabajador de conseguir un beneficio indebido, sin que exista necesidad de que lo consiga de manera efectiva.

El delito de fraude procesal queda consumado una vez que la autoridad laboral admite el trámite de la falsa demanda, puesto que, en ese momento, se hace latente el perjuicio tanto en la administración de justicia, como al patrimonio de la persona física o moral demandada.

Ante esas actividades ilícitas desplegadas por quienes dicen ser trabajadores sin serlo o que habiéndolo sido reclaman prestaciones falsas o arguyan hechos inexistentes, surge la necesidad de presentar la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia competente.

Si requiere información adicional, no dude en contactarnos.


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